La Cámara de Diputados de México aprobó hoy la reforma del Código Penal Federal para poder castigar con hasta 22 años de prisión, a los atacantes de mujeres con ácido y sustancias corrosivas, por lo que las organizaciones feministas celebraron la medida porque ya contabilizan más de 3.500 víctimas en 12 años.
La iniciativa fue promovida, entre otros, por la saxofonista María Elena Ríos, que sufrió una agresión de este tipo en el estado sureño de Oaxaca en septiembre de 2019, por un hombre enviado por el ex diputado, Juan Vera Carrizal, opositor al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien estuvo detenido entre 2020 y 2023.
Sin embargo, en enero pasado un juez permitió que continuara su condena con prisión domiciliaria, lo que generó inmediatas protestas de grupos defensores de las mujeres, señaló la agencia de noticias ANSA.
«Es un claro ejemplo de impunidad ante este tipo de violencia y lo más lamentable, la revictimización de su caso», afirmó la diputada del PRI Montserrat Arcos.
Ríos saludó la reforma y dijo que «vale la pena luchar», para luego lanzar un llamado a las mujeres a que «denuncien» cualquier caso de este tipo, pues muchos no han sido conocidos y quedan ocultos como «secretos de familia», lo que beneficia a los atacantes.
En las últimas tres décadas se tienen documentados al menos 28 ataques con ácido a mujeres, que han vivido un verdadero calvario debido a la impunidad de sus agresores, por cuanto el delito no estaba tipificado, además de que deben ser sometidas a continuas operaciones estéticas porque su cuerpo y rostro quedaron desfigurados.
La diputada Alma González, del Movimiento Regeneración Nacional lamentó que en México no exista un banco de datos de las mujeres atacadas con ácido.
«Algunas cifras indican que son al menos 3.354 mujeres las que han sido víctimas de esos crímenes durante los últimos 12 años y la mayoría perpetrados por hombres», apuntó González.
El dictamen aprobado por la Cámara Baja establece penas de 7 a 15 años de prisión y fuertes multas a quien personalmente o por medio de un intermediario lesione a otra persona con cualquier tipo de ácido, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica e inflamable.
En tanto, «cuando la víctima sea una mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo», subraya la reforma.
Además, si las lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se sancionará como homicidio o feminicidio en grado de tentativa, según corresponda, según la
normativa.
«La violencia ácida conlleva en el fondo un evidente rasgo de misoginia. Este tipo de violencia que atenta contra la víctima, además afecta su dignidad y su integridad como persona», enfatizó Arcos.
Y agregó: «Las víctimas de este tipo de ataques con ácido sufren literalmente una muerte social».
